Un jurado federal en San Antonio falló contra el condado de Bexar. Todo fue por una parada de tránsito. Al chofer le dieron 76 dólares. Es un dólar por cada minuto que los deputies lo tuvieron detenido.

El veredicto salió el lunes 28 de septiembre. El chofer se llama Alek Schott. Es padre de dos hijos y vive por el área de Houston. Vende equipo para el negocio petrolero de su familia. Sus abogados dicen que el jurado halló que el condado violó sus derechos. Hablan de la Cuarta Enmienda. Es la parte de la Constitución que prohíbe los cateos y las detenciones sin razón.

Esto le importa a cualquiera que maneja entre la frontera y San Antonio. Sus abogados dicen que unas cámaras que leen placas marcaron su viaje como sospechoso. Había ido rumbo a la frontera y venía de regreso. El deputy que lo paró declaró que el pitazo vino de un hombre que, según él, trabajaba en Laredo.

Todo pasó en marzo de 2022. Schott fue a un pozo petrolero cerca de Carrizo Springs, dicen sus abogados. Se quedó una noche en un hotel por ahí. Venía de regreso a su casa por el I-35. Ahí lo paró el deputy Joel Babb, del condado de Bexar.

Babb dijo que la troca se salió de su carril. Por eso lo paró. La demanda que Schott puso en 2023 dice otra cosa. Según la demanda, hay video de la cámara del tablero de Schott y de la cámara del deputy. Los dos muestran que eso no pasó. Sus abogados dicen que en el juicio las pruebas mostraron lo mismo.

Babb lo sentó en la patrulla y le hizo muchas preguntas, dice la demanda. Le preguntó si traía algo ilegal. Le preguntó si traía más de 10 mil dólares en efectivo. Schott no dio permiso para revisar la troca.

El deputy se quedó con su licencia y pidió un perro antidrogas, según la demanda. El perro marcó la troca. Los abogados de Schott tienen otra versión. Dicen que el que manejaba al perro le dio la señal. Los deputies revisaron la troca, una Ford F-250. No hallaron nada. A Schott lo dejaron ir con una advertencia.

Babb tiene sus propias razones. Un reporte de un juez magistrado federal de febrero las explica. Babb le preguntó a Schott si traía armas. Schott le contestó que no creía, que no debía haber. Babb declaró que esa respuesta le prendió una alerta. También dijo que Schott respiraba fuerte y le temblaban las manos.

Entonces, ¿por qué lo pararon? Según los abogados de Schott, el pitazo llegó por un grupo de WhatsApp. El grupo se llamaba "Northwest Highway Group." Babb declaró que el aviso vino de un hombre que él solo conocía como "Kiki." Babb creía que Kiki trabajaba en un centro de fusión federal en Laredo. Es una oficina donde varias policías comparten datos y avisos.

Los abogados dicen que unas cámaras del gobierno federal marcaron la troca. Esas cámaras leen las placas y guardan por dónde pasan los carros.

Schott se quejó con la Oficina del Sheriff después de la parada. Dice que le contestaron que no vieron nada mal. Y que si no le gustaba, que los demandara. Eso hizo.

Para ganar, dicen sus abogados, tenían que probar más que una sola parada mala. Tenían que mostrar que la Oficina del Sheriff tenía la costumbre de parar y catear a choferes así. También que el sheriff lo sabía o debió saberlo. Y que esa costumbre causó lo que le pasó a Schott. El jurado les dio la razón, según los abogados.

Schott pidió 76 dólares nada más. Eso le dio el jurado. Desde 2023 lo representa gratis el Institute for Justice. Es un bufete de abogados de interés público.

Babb le dijo a Schott que era parte de una unidad de interdicción criminal, según sus abogados. La demanda dice que esa unidad usa paradas de tránsito para buscar crímenes más grandes, como el contrabando de droga. A veces la policía para a alguien por una falta chiquita. Lo que busca es algo más grande. A eso le dicen una parada con pretexto. Los abogados de Schott dicen que en su caso ni siquiera hubo falta.

Según los abogados, estas paradas pasaron en Bexar por cuatro años. Dicen que a mucha gente que no hizo nada le tocó lo mismo.

El veredicto no es el último paso. Los abogados de Schott dicen que ahora le van a pedir una orden al juez. Esa orden le prohibiría al condado usar paradas sin base para catear carros sin orden judicial. El condado todavía puede pedirle a la corte que anule el veredicto, o apelar.

El caso sigue en la corte federal en San Antonio.